En un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler y las dificultades de acceso a la vivienda, el Plan VIVE se ha consolidado como una de las principales apuestas de la Comunidad de Madrid para ofrecer pisos a precios asequibles. Este modelo, basado en la colaboración público-privada, busca dar respuesta a la creciente demanda de hogares por parte de jóvenes y familias que no pueden asumir los costes del mercado inmobiliario actual.
Quique Villalobos, representante vecinal, ha querido alzar la voz sobre la realidad de estas ayudas. El Plan VIVE se anuncia como una opción asequible, pero “para mucha gente no lo es”. Según su opinión, esto se debe a que al alquiler se suman de manera obligatoria trastero, plaza de garaje, gastos de comunidad e incluso la repercusión del IBI y otras tasas.
Quique Villalobos, representante vecinal: “La gente no está buscando un pack inmobiliario premium, está buscando una vivienda que puedan pagar”
En San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, “solo la plaza de garaje con sus gastos asociados alcanza los 184,811 euros al mes” y en algunas promociones se exige tener dos plazas. Añadiendo el 35% de la tasa de esfuerzo, una vivienda de un dormitorio que cuesta 737 euros mensuales exige que la unidad familiar acredite más de 2.100 euros netos al mes. “A nosotros no nos parece que esto sea asequible; pensamos que son viviendas para buena parte de quienes deberían ser sus destinatarios, como personas jóvenes, con algún tipo de discapacidad o solteras”, señala.
Además, el plan incorpora servicios que elevan los precios, como conserjería, piscina, gimnasio o jardines. “Se construye un producto que se parece demasiado a una promoción privada de gama media, pero sobre suelo público y bajo la etiqueta de asequible”, explica el portavoz vecinal. Como consecuencia, muchas familias “renuncian, porque no están buscando un pack inmobiliario premium, están buscando una vivienda que puedan pagar”.
Por último, el sistema de acceso también genera limitaciones. La asignación por orden cronológico “ya genera sesgos de partida”, y se prioriza a quienes llevan años empadronados o trabajando en el municipio donde se ubica la promoción. Esto dificulta que personas que necesitan vivienda y que no cumplen estos criterios puedan acceder a las viviendas del Plan VIVE.
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